El primer año de vigencia plena del Reglamento MiCA dejó en España un balance regulatorio concreto pero discreto: siete expedientes de autorización resueltos y un único proveedor de servicios de criptoactivos registrado y operativo al cierre del ejercicio, según el Informe Anual 2025 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El documento detalló que, en 2025, la CNMV tramitó dos tipos de expedientes bajo el marco MiCA. Por un lado, cuatro expedientes de notificación presentados por entidades financieras ya reguladas — entre ellas bancos, empresas de servicios de inversión y gestoras —, que acceden a la habilitación cripto mediante un procedimiento simplificado, al presumirse que ya cumplen buena parte de los requisitos del reglamento. Por otro, tres expedientes de autorización plena, destinados a entidades de nueva creación o sin licencia financiera previa, un proceso más exigente que requiere acreditar capital mínimo, estructura de gobierno, políticas de ciberseguridad y continuidad operativa.
Sin embargo, el propio informe reconoció que "la actividad de supervisión fue muy limitada durante 2025, dado el reducido número de entidades autorizadas para prestar servicios de criptoactivos". El texto fue más lejos al referirse a "el único proveedor de servicios de criptoactivos registrado en 2025", sobre el que se realizó la primera verificación supervisora específica, centrada en el tratamiento del efectivo de los clientes.
Según el registro oficial de la CNMV, actualizado el 12 de mayo de 2026, ese proveedor es BBVA, la única entidad que obtuvo autorización directa de la CNMV. Las demás entidades habilitadas para operar en España bajo MiCA — actualmente 14 en total — provinieron de otras jurisdicciones europeas, principalmente Alemania, y operan por pasaporte europeo.
El informe también detectó áreas de mejora en la información que algunas entidades ofrecieron en sus páginas web a clientes, particularmente en lo relativo a riesgos, advertencias y costes asociados a los criptoactivos.
El documento identificó dos factores que explicaron el ritmo lento de autorizaciones. Primero, la complejidad intrínseca de los procesos: los modelos de negocio cripto exigieron un escrutinio técnico inusual, con especial atención a ciberseguridad y dependencia de proveedores tecnológicos. Segundo, un factor estructural: la mayoría de las entidades que venían operando en el sector procedían del ámbito tecnológico y "estaban menos habituadas a interactuar con supervisores financieros", lo que implicó un proceso de adaptación más largo de lo previsto.
La presión regulatoria irá en aumento. El período transitorio que permite operar sin licencia MiCA en España vence el 30 de junio de 2026, y el informe advirtió que desde finales de 2025 ya se observó "una acumulación de solicitudes de autorización" por parte de entidades que deben obtener su licencia antes de esa fecha o cesar sus operaciones con clientes europeos. La CNMV anticipó que en 2026 "se intensificará la supervisión sobre todas estas actividades".
A escala europea, ESMA coordinó durante 2025 un trabajo de identificación de los proveedores de servicios cripto más significativos del continente, buscando homogeneizar los criterios de autorización entre jurisdicciones y evitar el arbitraje regulatorio. Ese esfuerzo de convergencia resultó especialmente relevante ante un ecosistema global con alta concentración en pocas plataformas de gran tamaño.
El mercado de criptoactivos, por su parte, vivió un año de contrastes: la capitalización global alcanzó un máximo histórico de más de cuatro billones de dólares en octubre antes de retroceder, mientras las stablecoins consolidaron su papel como principal instrumento de intermediación dentro del ecosistema.
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