El Gobierno de Venezuela anunció el miércoles el lanzamiento formal de un “proceso integral y ordenado” de reestructuración de la deuda pública externa de la República y de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El comunicado, suscrito por la Vicepresidencia Sectorial de Economía, señaló que la decisión busca "poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada".
El documento oficial aseguró que Venezuela acumuló un historial de solvencia hasta 2017, año en que las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos “impidieron al Estado cumplir con sus obligaciones internacionales”.
El proceso de reestructuración apunta a garantizar un "alivio sustancial de la deuda", con el objetivo de redirigir recursos hacia el crecimiento inclusivo y la generación de empleo. El texto subrayó que los compromisos se cumplirán "en las condiciones que el pueblo venezolano merece".
La ventana regulatoria de Washington
El anuncio venezolano llega días después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera la Licencia General 58 (GL-58) en el marco de las regulaciones de sanciones a Venezuela. La licencia abrió una ventana regulatoria para que firmas de abogados, asesores financieros y consultores puedan prestar servicios al gobierno venezolano relacionados con una posible reestructuración de su deuda soberana, incluida la deuda de PDVSA y sus entidades vinculadas.
Sin embargo, la GL-58 incorporó una restricción directa sobre los activos digitales. La sección b2 del documento estableció de manera explícita que los términos de pago de los servicios autorizados no pueden contemplar monedas digitales ni tokens digitales emitidos por, para o en nombre del gobierno de Venezuela, mencionando de forma específica al petro.
Esta criptomoneda, lanzada en 2018 durante el gobierno de Nicolás Maduro y respaldada presuntamente por reservas de petróleo venezolano, lleva años bajo el escrutinio de Washington. La referencia directa al petro en la licencia refuerza la postura de EE. UU. de no reconocer este instrumento digital como medio de pago legítimo en ningún contexto que involucre intereses venezolanos.
Alcance y límites de la GL-58
Dentro de lo que sí permite, la GL-58 habilitó la evaluación, el desarrollo y la preparación de opciones y propuestas de reestructuración de deuda, junto con materiales de respaldo. No obstante, el documento aclaró que la autorización no cubre la reestructuración efectiva de la deuda, su transferencia o liquidación, ni las negociaciones directas entre el gobierno venezolano y sus acreedores. En otras palabras, los profesionales pueden elaborar estrategias y análisis, pero no cerrar acuerdos.
La licencia también impuso barreras geopolíticas. Cualquier transacción realizada por personas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China queda excluida de la autorización, al igual que la participación de entidades propiedad o controladas por personas de dichos países, o que operen en empresas conjuntas con ellas.
Asimismo, la GL-58 prohibió toda transacción que involucre a individuos o entidades que figuren en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List) de la OFAC, con la excepción de PDVSA y sus entidades vinculadas, las cuales sí están cubiertas por la licencia.
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