Uruguay exige a emisoras de dinero electrónico reportar sus capacidades de ciberseguridad

El Banco Central del Uruguay (BCU) avanza en un nuevo esquema de supervisión cibernética que obliga a las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico a informar periódicamente sobre su estado de seguridad digital.

A partir del 1 de julio, las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDEs) de Uruguay deberán reportar de forma periódica información sobre sus capacidades de ciberseguridad ante el Banco Central del Uruguay (BCU). La medida forma parte de la implementación progresiva del nuevo esquema de supervisión cibernética que el regulador aplica sobre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Pagos.

El marco regulatorio se sustenta en el Marco de Ciberseguridad del Uruguay (MCU), desarrollado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Según el BCU, la adopción de este estándar busca fortalecer la resiliencia de la industria financiera frente a un entorno "cada vez más digital, interconectado y dinámico".

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Supervisión basada en evidencia

Con la información que las IEDEs comiencen a remitir, el BCU apunta a construir una visión "más completa, consistente y comparable" del estado de seguridad del ecosistema de pagos. El objetivo declarado es reforzar el monitoreo continuo y la toma de decisiones basada en datos, en línea con la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030 que el banco central presentó como marco estratégico para el sector.

El esquema no se limita a la recolección de información. Según el regulador, los reportes permitirán una supervisión "más proactiva", orientada a identificar oportunidades de mejora tanto a nivel institucional como sistémico, y a elevar de forma sostenida los estándares de seguridad en el sector de pagos digitales.

Coordinación con la industria

Previamente al inicio de los reportes obligatorios, técnicos del BCU sostuvieron una jornada de intercambio con representantes de la industria para profundizar en los requerimientos de esta nueva etapa. En esa instancia, el banco central subrayó que el trabajo coordinado y una visión compartida de la hoja de ruta son elementos clave para consolidar un sistema de pagos "interconectado, sólido, innovador, interoperable y competitivo".

Los requerimientos habían sido comunicados previamente a las instituciones participantes del sistema de pagos, por lo que el arranque del 1 de julio no representa una novedad regulatoria abrupta, sino la materialización de un proceso de implementación anunciado con anticipación.

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Extensión progresiva al resto del sistema financiero

El BCU también adelantó que el esquema se extenderá de forma gradual a otros actores del sistema financiero uruguayo. La institución no precisó plazos concretos para esa expansión, pero indicó que el propósito es profundizar la coordinación del ecosistema y continuar alineando los estándares locales con las buenas prácticas internacionales.

El comunicado del regulador concluye posicionando a la ciberseguridad como "un componente estratégico para preservar la confianza y la estabilidad del sistema financiero", una formulación que refleja la creciente integración de la seguridad digital en los marcos de supervisión prudencial de los bancos centrales de la región.

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