La tokenización de activos financieros avanza. Según datos citados en el informe "Tokenización de Fondos del Mercado Monetario", publicado por J.P. Morgan Asset Management y su división blockchain Kinexys, aproximadamente USD 35.000 millones en activos tradicionales se encuentran tokenizados hoy en redes blockchain públicas, con los activos bajo gestión en productos en cadena casi triplicándose desde inicios de 2024.
Sin embargo, detrás de esa expansión persiste un problema estructural que los mercados aún no han resuelto: cómo verificar la identidad de los participantes sin comprometer su privacidad en un entorno de registro distribuido.
El nudo técnico
En los sistemas financieros tradicionales, los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y prevención del lavado de dinero (AML) operan en entornos centralizados. Un banco, un agente de transferencias o una bolsa recibe la documentación del cliente, la verifica y la almacena en sus propios servidores. El proceso es opaco para terceros y controlado por una sola entidad.
En una red blockchain, esa lógica se rompe. El registro es compartido, replicado en múltiples nodos y, en las redes públicas, visible para cualquier persona con acceso a internet. El informe de J.P. Morgan lo señaló con precisión: almacenar información de identificación personal en un libro mayor compartido "compromete la privacidad y la seguridad, haciéndolo potencialmente inadecuado para aplicaciones financieras reguladas".
El problema no es menor. Si un inversor institucional completa su proceso de KYC y esa información queda asociada a una dirección en cadena —aunque sea de forma indirecta—, cualquier análisis de la cadena podría exponer sus posiciones, sus contrapartes y sus patrones de actividad. En mercados donde la protección de la información estratégica es una prioridad operativa, esa exposición representa un riesgo real.
Seudónimo no es anónimo
Uno de los supuestos más extendidos sobre las redes blockchain es que las direcciones en cadena protegen la identidad de sus usuarios. El informe desmontó esa idea: las direcciones "son seudónimas y no garantizan el anonimato de los participantes". Con herramientas de análisis de cadena suficientemente sofisticadas —como las que ya utilizan reguladores y firmas de cumplimiento en todo el mundo—, la trazabilidad de transacciones puede llevar hasta la identidad real del titular.
Esto crea una paradoja para los fondos tokenizados regulados: necesitan garantizar que solo inversores verificados participen en el fondo —lo que exige identidad comprobable— pero no pueden exponer esa identidad en el registro público sin violar estándares de privacidad y, potencialmente, normativas de protección de datos.
El estado objetivo: identidad digital reutilizable
El documento planteó lo que denomina un "estado objetivo": una identidad digital que pueda reutilizarse en múltiples plataformas y casos de uso, permitiendo que un inversor acredite su cumplimiento sin revelar sus datos personales cada vez ni exponerlos en el libro mayor. La clave técnica es que un actor en cadena pueda adquirir certificaciones de atributos —como su estado KYC— sin que la información subyacente sea visible en la cadena.
Ese modelo se acerca a lo que en el ecosistema cripto se conoce como identidad soberana o identidad auto-gestionada, aunque el informe no usa ese término de forma explícita. La idea es que una entidad de confianza —un banco, un regulador, un proveedor de identidad certificado— emita una credencial verificable que el usuario pueda presentar en cadena como prueba de cumplimiento, sin transferir los datos que respaldan esa credencial.
El desafío, como señaló el informe, es que los sistemas actuales para validar entidades de confianza "no son intrínsecamente compatibles ni están integrados con las redes blockchain". La infraestructura de confianza que sostiene el sistema financiero tradicional y la infraestructura distribuida de las redes blockchain aún no hablan el mismo idioma.
El ángulo latinoamericano
Para América Latina, este problema tiene una dimensión adicional. La región concentra algunos de los ecosistemas de activos digitales más activos del mundo —Argentina entre los primeros países por adopción cripto per cápita, El Salvador con un marco regulatorio para activos digitales en construcción activa— pero también presenta estructuras de identidad formal fragmentadas y niveles de bancarización que aún excluyen a millones de personas.
En ese contexto, el desarrollo de soluciones de identidad digital en cadena no es sólo una cuestión de eficiencia institucional: es también una palanca potencial de inclusión financiera. Si un usuario puede acreditar su identidad de forma verificable en una red blockchain sin depender de una cuenta bancaria preexistente o de documentación que muchos no poseen, el acceso a productos financieros regulados —incluidos fondos tokenizados— podría ampliarse de forma significativa.
El Salvador ha avanzado en construir un marco que regula la emisión y custodia de activos digitales a través de la LEAD y la CNAD, con requisitos de cumplimiento para los emisores registrados. Sin embargo, la integración técnica de esos procesos de verificación en entornos en cadena —de forma que operen de manera nativa en blockchain sin exponer datos personales— es un desafío que ninguna jurisdicción ha resuelto completamente, y El Salvador no es la excepción.
Argentina, por su parte, avanza en su propio marco regulatorio bajo la Comisión Nacional de Valores (CNV), con foco creciente en los proveedores de servicios de activos virtuales, pero enfrenta el mismo problema abierto en lo que respecta a la gestión de identidad en entornos distribuidos.
Una condición, no un detalle
Lo que el informe de J.P. Morgan dejó claro es que la resolución del problema de identidad y privacidad no es un elemento accesorio de la tokenización financiera: es una condición para que funcione a escala regulada. Mientras no exista infraestructura estandarizada que permita a los participantes del mercado verificar el cumplimiento de sus contrapartes sin exponer información sensible, los fondos tokenizados y otros activos regulados seguirán operando en un entorno de fricción que limita su potencial.
La tokenización promete mayor eficiencia, liquidación más rápida y nuevas formas de gestión de garantías. Pero ninguna de esas ventajas se materializa plenamente si el acceso al sistema exige sacrificar privacidad, o si los requisitos de cumplimiento no pueden trasladarse al entorno en cadena de forma segura. En eso, el sector financiero digital y el tradicional comparten, por primera vez, el mismo problema sin resolver.
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