El Banco Central de Chile ha fijado como una de sus prioridades para el año en curso el desarrollo de un marco regulatorio para las stablecoins, o monedas estables, según explicó la presidenta de la entidad, Rosanna Costa, en una presentación realizada recientemente en la ciudad de Nueva York.
Durante su presentación, Costa delineó la estrategia que seguirá la institución para abordar los desafíos que plantean estos activos digitales en el ecosistema financiero nacional, destacando la necesidad de establecer un marco regulatorio para las mismas, el cual esperan consolidar en 2027.
Regulación de stablecoins en Chile
Costa destacó que la regulación de las stablecoins será “la segunda prioridad regulatoria para lo que resta del año” de la entidad, la cual se enmarcará dentro de las atribuciones de la Ley Fintech del país y se complementará con los lineamientos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre transacciones con criptoactivos.
De igual forma, la presidenta del banco central chileno detalló que la diversidad de usos de las stablecoins, que van desde medios de pago y remesas transfronterizas hasta depósitos de valor en dólares e instrumentos de liquidación para activos tokenizados, genera desafíos regulatorios relevantes a considerar.
Entre estos desafíos está “la necesidad de resguardar adecuadamente a los usuarios que confían sus recursos a los emisores de stablecoins, estableciendo requisitos de estabilidad y liquidez para los activos de respaldo”, señaló Costa.
La presidenta también expresó la preocupación del organismo por las posibles implicaciones que estos activos digitales podrían tener en la intermediación financiera tradicional y en la transmisión de la política monetaria.
Adicionalmente, alertó sobre los riesgos sistémicos que podrían derivarse de los vínculos entre la demanda de stablecoins y los activos que las respaldan, como los depósitos bancarios, si su uso creciera significativamente.
Hoja de ruta regulatoria
En su discurso, Costa advirtió que la experiencia internacional en cuanto a la regulación de las stablecoins “es aún incipiente”, lo que exige un enfoque “gradual” y cuidadosamente estructurado.
En este sentido, ante la falta de precedentes regulatorios globales consolidados, el Banco Central chileno ha optado por “reducir la brecha de información” relacionada antes de emitir normativas.
De esta manera, Costa informó que ya han comenzado a solicitar datos a las plataformas locales de criptomonedas y han sostenido reuniones con diversos agentes del mercado y académicos.
Como parte de este proceso, el organismo ha solicitado asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional (FMI) para “recopilar las mejores prácticas internacionales” con respecto a la regulación de las stablecoins, una colaboración que se materializará durante el segundo semestre del año.
“A partir de las lecciones de este proceso, someteremos a consulta pública una propuesta de marco normativo sobre stablecoins durante el cuarto trimestre de este año, con miras a contar con un marco regulatorio en 2027”, anunció la presidenta.
Esta normativa en desarrollo, añadió Costa, se centrará principalmente en habilitar la emisión de monedas estables locales, un marco que, según anticipó, deberá evolucionar con el tiempo, por lo que debe considerarse como una “primera aproximación al cumplimiento de nuestro mandato legal”, puntualizó.
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Fortalecimiento del sistema de pagos instantáneos
Por otro lado, la otra gran prioridad del Banco Central chileno en materia de modernización financiera es la consolidación del sistema de pagos instantáneos.
Aunque Chile fue pionero en habilitar transferencias electrónicas de fondos (TEF) en 2008, Costa señaló que persiste el desafío de expandir su uso hacia el comercio, destacando que, actualmente, el 76% de las transferencias electrónicas interbancarias en Chile se realizan entre personas, mientras que sólo un 10% corresponde a pagos de personas a empresas.
Para remediar esta situación, el Banco Central de Chile está evaluando opciones para impulsar el desarrollo de esquemas interoperables, como los pagos mediante códigos QR, que faciliten las transferencias directas en comercios y ofrezcan una alternativa competitiva y resiliente frente al dominio actual de los pagos con tarjeta.
Finalmente, la entidad espera publicar durante el tercer trimestre los ajustes normativos necesarios para avanzar en esta dirección, con el objetivo de incentivar un sistema de acceso abierto que minimice la fragmentación de los pagos.
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