Dos senadores demócratas están presionando a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) para que dé explicaciones sobre la dimisión en marzo de la directora de cumplimiento, Margaret Ryan, después de que Reuters informara que había tenido desacuerdos con la dirección de la agencia en relación con casos que involucraban a personas vinculadas al presidente Donald Trump.
En una carta enviada el lunes al presidente de la SEC, Paul Atkins, el senador Richard Blumenthal cuestionó a la agencia por la decisión de archivar el caso de fraude contra el fundador de Tron, Justin Sun, socio de la plataforma de criptomonedas World Liberty Financial (WLFI), respaldada por Trump, 11 días antes de que Ryan dimitiera.
En otra carta, la senadora Elizabeth Warren también cuestionó a la SEC sobre la dimisión de la directora y si Ryan "enfrentó resistencia" por parte de la dirección de la SEC en relación con ciertos casos vinculados al círculo de Trump.
Ambas cartas se suman al escrutinio en curso del Partido Demócrata de EE. UU. sobre las iniciativas de criptomonedas de Trump, que incluyen WLFI, la memecoin Official Trump (TRUMP) y Trump Media & Technology Group, con críticos que advierten de conflictos de intereses con sus funciones presidenciales.
Trump también indultó al ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, en octubre, lo que suscitó nuevas preocupaciones sobre un acuerdo con información privilegiada, algo que el abogado de Zhao ha negado, mientras que la SEC ha archivado otras investigaciones notables sobre criptomonedas en 2025.
Blumenthal afirmó que la SEC "podría haber dado un trato preferencial a los socios financieros del presidente Trump en contra del consejo y las advertencias del personal de alto rango cuando la agencia se negó a llevar a juicio casos de fraude creíbles".
Según Reuters, el CEO de Tesla, Elon Musk, también estaba en el punto de mira de Ryan antes de que ella dimitiera oficialmente el 16 de marzo.
Blumenthal quiere las transcripciones de las conversaciones de la SEC con los líderes del sector de las criptomonedas
Blumenthal solicita "todos los registros y comunicaciones" entre la División de Cumplimiento y la alta dirección de la SEC desde el 20 de enero de 2025, relacionados con posibles medidas coercitivas contra empresas de criptomonedas.
El senador demócrata también quiere registros de las comunicaciones de la SEC con las familias Trump y Witkoff, ya que WLFI está dirigida por Zach Witkoff y los tres hijos de Trump, Eric, Donald Jr. y Barron, fueron tres de los miembros fundadores de la empresa.
Blumenthal afirmó que la actividad ilícita en el ámbito de las criptomonedas se disparó hasta los 154.000 millones de dólares en 2025, el primer año de Trump de vuelta en el cargo, alegando que Tron, de Sun, desempeñó un "papel desmesurado en esta dinámica".
"Si bien Tron representa un tercio de todos los tokens de pago en el ecosistema de las criptomonedas según algunas métricas, el 58 % de todas las finanzas ilícitas en el ámbito de las criptomonedas se produjo en la red de Tron en 2024", afirmó.
"Este es un claro ejemplo de cómo la flagrante corrupción en materia de criptomonedas del presidente Trump crea puertas traseras para los socios comerciales de su familia, generando un régimen de aplicación de la ley de “pagar para jugar” que hace la vista gorda ante graves amenazas a la seguridad nacional y la protección del consumidor".
Cointelegraph se puso en contacto con Tron para recabar comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata al cierre de esta edición.
La carta de Warren, por su parte, calificó de "preocupante" el breve mandato de Ryan en la SEC.
“Las informaciones de que al juez Ryan no se le concedió libertad de acción para hacer cumplir la ley contra los aliados del presidente Trump encajan en una narrativa más amplia que ha marcado su mandato como presidente de la SEC: si tienes la capacidad de pagar o tienes conexiones con el presidente, puedes actuar con impunidad.”
Aunque la SEC no ha hecho comentarios públicos sobre la salida de Ryan, un portavoz de la agencia declaró a Cointelegraph la semana pasada que seguiría tomando "decisiones de aplicación de la ley basadas en los hechos, la ley y las políticas, no en la política".
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