Cuando un gobierno decide exonerar impuestos para atraer capital digital, la pregunta no es solo si funciona. La pregunta es para quién funciona, y en qué plazo.
En América Latina, esa discusión ya está activa. Algunos países han comenzado a diseñar regímenes fiscales específicos para activos digitales, con la premisa de que reducir la carga tributaria incentiva la inversión, formaliza el sector y, en última instancia, impulsa la adopción. El Salvador es el caso más estructurado de la región. Pero no es el único movimiento.
El modelo salvadoreño: exención amplia, acotada a la actividad regulada
La Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD), vigente desde febrero de 2023 y supervisada por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), establece un régimen fiscal de excepción para los actores que se registren bajo su marco.
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Emisores, certificadores y proveedores de servicios de activos digitales registrados están exentos del IVA, del Impuesto sobre la Renta, de impuestos municipales y de cualquier otro tributo, en relación con la actividad de activos digitales que desarrollen. Los beneficios se extienden también a los socios o accionistas respecto a utilidades y dividendos provenientes de esas actividades.
Hay, sin embargo, un límite explícito en el texto legal: los beneficios fiscales no aplican cuando se realicen operaciones de intercambio de activos digitales por bienes o servicios que no se encuentren detallados en la propia LEAD. La exención es estructuralmente amplia, pero circunscrita a las actividades reguladas por la ley, no a la operación general de una empresa.
El efecto práctico ya es observable. Empresas con presencia en varios países de la región han optado por centralizar sus operaciones en El Salvador: cuando un usuario realiza una transacción, recibe una factura electrónica emitida desde una entidad salvadoreña, aunque la operación se haya efectuado en distintos mercados. La LEAD, en ese sentido, no solo atrae inversión local: reubica operaciones regionales.
Buenos Aires: un ajuste puntual, con señal de política pública
Argentina no cuenta con un régimen fiscal específico para activos digitales a nivel nacional y, de hecho, las ganancias de capital por venta de criptomonedas tributan al 15% para personas físicas, mientras que las empresas pagan entre 25% y 35% sobre sus ganancias. El entorno fiscal nacional es de gravamen, no de incentivo.
La excepción relevante llega a nivel subnacional. La Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma al Impuesto sobre Ingresos Brutos aplicable a la compraventa de criptomonedas. A partir de la nueva reglamentación, el tributo se calcula únicamente sobre el spread —la diferencia entre precio de compra y precio de venta— en lugar de hacerlo sobre el monto total de la transacción. La autoridad tributaria local describió la medida como un paso para reducir la carga fiscal efectiva, brindar previsibilidad normativa y facilitar la radicación de empresas del sector.
Paraguay: cooperación antes que incentivo
Paraguay legalizó la minería y los pagos con criptomonedas en 2022, sin establecer exenciones fiscales específicas para el sector. Lo relevante de su evolución reciente es de carácter institucional: en marzo de 2025, la SEPRELAD de Paraguay firmó un pacto de cooperación con la CNAD de El Salvador para mejorar la supervisión del sector. Un indicio de que la región comienza a coordinar marcos regulatorios, no sólo a competir con ellos.
¿Incentivo fiscal equivale a adopción?
La tensión de fondo es conceptual. Los regímenes fiscales favorables atraen capitales e infraestructura empresarial, pero no necesariamente generan uso cotidiano entre la población. A pesar de los incentivos fiscales de la LEAD, la adopción de activos digitales en El Salvador sigue siendo baja entre la población general, lo que podría limitar el impacto a corto plazo de la ley.
El dato sitúa el debate en su justa dimensión: los regímenes de incentivos fiscales son instrumentos de política de inversión, no de inclusión financiera. Pueden construir ecosistemas, atraer empresas y generar empleo técnico especializado. Pero la adopción masiva requiere, además, infraestructura, educación financiera y confianza institucional. En Latam, los tres siguen siendo variables en construcción.
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