La digitalización financiera en América Latina vive un momento de auge sin precedentes. Los sistemas de pago rápido se multiplican, los corresponsales no bancarios superan el millón y medio de puntos, y la tenencia de cuentas formales crece sostenidamente.
Sin embargo, el XI Reporte de Inclusión Financiera de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), publicado en diciembre de 2025, dejó al descubierto una paradoja incómoda: mientras la región acelera su transformación digital, la infraestructura de ciberseguridad del sector bancario muestra brechas que podrían convertirse en su mayor vulnerabilidad sistémica.
El costo de un ataque
Los datos que aportó la Federación Latinoamericana de Bancos fueron precisos y preocupantes. Un banco con activos totales menores a USD 5.000 millones — categoría en la que caben la mayoría de las instituciones financieras de Centroamérica y buena parte de Sudamérica — puede registrar pérdidas financieras directas de hasta USD 7 millones como consecuencia de un único ataque cibernético exitoso.
A eso se sumó un período de indisponibilidad operativa que, en promedio, oscila entre las 24 y las 105 horas. Para una entidad cuya propuesta de valor gira cada vez más en torno a la disponibilidad continua del servicio digital, ese rango de interrupción no es un inconveniente menor: es una crisis de reputación con efectos duraderos sobre la confianza del usuario.
El problema adquiere otra dimensión cuando se considera el contexto en el que ocurre. La expansión de los Fast Payment Systems (FPS) en la región implica una multiplicación de los puntos de contacto entre instituciones, usuarios, fintech y terceros proveedores de tecnología. Cada nueva integración, cada API abierta, cada corresponsal no bancario conectado al ecosistema representa una superficie de ataque potencial. La interoperabilidad que hace más inclusivo al sistema financiero es, al mismo tiempo, la que lo hace más expuesto.
Sin mapa, sin protocolo común
Uno de los hallazgos más reveladores que dejó el reporte de FELABAN fue la ausencia histórica de un mecanismo regional para el intercambio de información sobre incidentes cibernéticos y ciberfraudes. Hasta hace poco, los bancos de la región no contaban con un canal formal, anónimo y confidencial para alertarse mutuamente ante amenazas emergentes. Cada institución enfrentaba los ataques de forma aislada, sin poder anticipar patrones que ya habían golpeado a sus pares en otros mercados.
Ante esa brecha, FELABAN desarrolló el FFICC, una plataforma de intercambio de incidentes entre bancos de la región. Complementariamente, la federación opera una Mesa Técnica Regional de Ciberseguridad integrada por 24 bancos de 11 países, con ejercicios de simulación de crisis y bootcamps de entrenamiento para el personal bancario. Son iniciativas valiosas, pero su escala todavía es limitada frente a la magnitud del desafío.
El eslabón más débil no es el banco
La ciberseguridad bancaria en América Latina enfrenta un problema estructural que va más allá de la tecnología disponible: la cadena de seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil, y ese eslabón frecuentemente es el usuario final. La misma población que los FPS buscan incluir — personas de bajos ingresos, sin historial financiero previo, con acceso reciente a dispositivos móviles — es la más vulnerable ante técnicas de ingeniería social, phishing y fraude en plataformas de pago instantáneo.
Esto crea una tensión de fondo en la narrativa de la inclusión financiera digital. Incorporar a millones de nuevos usuarios al sistema formal es un logro de política pública. Hacerlo sin una educación paralela en seguridad digital y sin mecanismos de protección efectivos para transacciones de bajo monto es, en cambio, una transferencia de riesgo hacia el segmento más desprotegido de la población.
Una agenda pendiente
El reporte apuntó hacia la necesidad de implementar modelos de CSIRT Financiero — equipos de respuesta a incidentes de seguridad — a nivel nacional en cada país, con gobernanza gremial y protocolos de cooperación inmediata. Es una hoja de ruta razonable, pero su adopción depende de voluntad política, presupuesto y coordinación entre reguladores, bancos centrales y sector privado: tres variables que históricamente no han avanzado al mismo ritmo en la región.
La digitalización financiera en América Latina es irreversible. Los sistemas de pago instantáneo van a seguir expandiéndose, los nuevos actores van a seguir ingresando al mercado y la superficie de riesgo va a seguir creciendo. La pregunta no es si la región está lista para ese futuro, sino si está construyendo la resiliencia necesaria para no pagarlo muy caro.
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