El 13 de mayo de 2026, Moody's Ratings asignó su calificación más alta para fondos del mercado monetario al "USD Digital Liquidity Fund SP" de Fidelity International, un vehículo de inversión nativo digital construido sobre la blockchain pública de Ethereum. Semanas antes, la misma agencia había integrado sus calificaciones crediticias a Canton Network, en lo que ella misma describió como la primera iniciativa de este tipo por parte de una agencia calificadora.
La señal es inequívoca: los grandes actores de la calificación financiera ya no observan los activos digitales desde afuera. Participan activamente en su infraestructura.
Para América Latina, esta tendencia plantea una pregunta que la región aún no ha respondido: ¿pueden operar entidades especializadas en calificar, certificar o emitir activos digitales de empresas latinoamericanas en países donde no existe regulación específica para ello?
La pregunta no es retórica. Los informes regionales sobre regulación fintech muestran que América Latina avanza de manera desigual en la construcción de marcos normativos para activos digitales. Algunos países comienzan a ensayar regulaciones específicas; otros aplican normas generales pensadas para entornos centralizados, lo que genera un mosaico normativo con asimetrías legales que eleva el riesgo para empresas que operan a escala regional.
En ese mosaico, El Salvador representa la excepción más articulada. Su Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD) establece un marco específico para proveedores de servicios de activos digitales, incluidas plataformas de negociación, custodia e intermediarios, y contempla además una nueva clase de entidades denominadas "certificadores", que participan en ofertas públicas mediante la revisión de los términos de la oferta y su documento de divulgación pública. Más aún, la CNAD evalúa, entre los requisitos para habilitar una emisión, a los agentes involucrados en la tokenización, incluyendo tanto a los Proveedores de Activos Digitales como al Certificador. El Salvador no solo reconoce la función calificadora y certificadora: la exige como condición de acceso al mercado.
Este modelo contrasta con el resto de la región. En Brasil entró en vigor su régimen de autorización para proveedores de servicios de activos virtuales, que obliga a operadores locales y extranjeros a cumplir requisitos de capital, transparencia y controles antilavado. Sin embargo, el país no ha definido aún el estatus legal de entidades cuya función sea exclusivamente calificar o certificar instrumentos tokenizados.
México, por su parte, consolidó su marco desde la Ley Fintech de 2018, una de las primeras en reconocer los activos virtuales, con requisitos de autorización previa y controles contra el lavado de activos, pero tampoco contempla una categoría regulatoria equivalente a la del "certificador" salvadoreño.
Esta brecha no implica que dichas entidades no puedan operar. En la práctica, una firma que califica activos digitales puede funcionar bajo marcos legales generales —como los aplicables a sociedades de servicios financieros o de análisis crediticio— en países sin regulación específica. El problema es el reconocimiento: si una calificación emitida desde un país sin marco específico no tiene validez jurídica en el país del emisor o del inversionista, su utilidad para estructurar una oferta pública se reduce considerablemente.
En Argentina, el sandbox regulatorio para activos tokenizados se prorrogó hasta finales de 2027; en Brasil, la bolsa B3 explora plataformas de tokenización para trading 24/7 de activos reales; y en Colombia y México se discuten iniciativas de tokenización de deuda pública y tierras agrícolas. En todos estos casos, la demanda de servicios de calificación y certificación especializados crecerá en paralelo con el mercado, pero sin que la normativa haya definido quién puede proveeerlos y bajo qué condiciones.
El movimiento de Moody's hacia los activos tokenizados no es un fenómeno aislado del norte global. Es una señal de que la infraestructura de evaluación de riesgo está migrando hacia los mismos rieles tecnológicos donde ya circulan los activos.
América Latina tiene ante sí una decisión estructural: construir marcos que reconozcan y regulen estas funciones especializadas —como lo hizo El Salvador con su figura del certificador— o asumir que esas evaluaciones llegarán desde jurisdicciones externas, con todos los riesgos de dependencia e incompatibilidad legal que ello implica.
La tokenización de activos latinoamericanos ya está ocurriendo. La pregunta es quién certifica que lo que se emite es lo que dice ser.
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