Pocos países de América Latina pueden presumir de tener una infraestructura de pagos digitales tan consolidada como Costa Rica. Con casi 2.600 millones de operaciones sin efectivo procesadas en 2025 y un promedio de 498 transacciones digitales por habitante al año, el país tiene una base tecnológica y financiera que muchos en la región envidian. Lo irónico es que, sobre esa base, no existe aún ningún marco regulatorio para activos digitales.
Uno hubiera pensado que Costa Rica, históricamente más orientado hacia la ciencia y la tecnología que sus vecinos centroamericanos, habría sido el primero en dar ese paso. El país atrajo durante décadas a empresas multinacionales de tecnología, consolidó un sector de servicios digitales robusto y construyó la infraestructura de pagos instantáneos que hoy otros países apenas están desarrollando. Sin embargo, en materia de regulación de activos digitales, no ha sido así. La capacidad técnica estuvo siempre. La voluntad legislativa, no.
El contraste con El Salvador es llamativo. El Salvador fue el primer país del mundo en otorgar curso legal al bitcoin en 2021 y desde entonces ha construido un ecosistema regulatorio que hoy supervisa más de 100 entidades activas bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales, con licencias específicas para exchanges, wallets y custodios, además de incentivos fiscales que han atraído empresas de toda la región.
No partió de una infraestructura financiera avanzada. Partió de una decisión política clara. El resultado es que hoy El Salvador recibe delegaciones de reguladores que llegan a estudiar su modelo, entre ellos representantes de la propia Costa Rica.
Uruguay ofrece otro ángulo igualmente revelador. Con una economía estable, alta bancarización y un sistema financiero sólido —condiciones similares a las costarricenses—, el país rioplatense no esperó a que surgiera una demanda masiva de criptomonedas para comenzar a legislar.
Su banco central inició un proceso regulatorio anticipatorio, entendiendo que la tokenización de activos y los pagos digitales descentralizados llegarían inevitablemente, y que era preferible tener reglas claras antes que reaccionar a una crisis. La estabilidad económica no fue una razón para esperar, sino una ventaja para legislar bien y sin presión.
Esa lógica preventiva es exactamente la que Costa Rica no ha aplicado. Las iniciativas legislativas han existido y hay actores del ecosistema local que llevan años empujando propuestas de ley, pero ninguna ha llegado a aprobarse.
El argumento implícito parece ser que, si el sistema bancario funciona bien, no hay urgencia. El problema es que la regulación de activos digitales no es solo una respuesta a una necesidad de pagos cotidianos. Es también un marco para la tokenización de activos, para la atracción de inversión, para la protección del consumidor y para la prevención del lavado de dinero en un ecosistema que crece con o sin permiso del regulador.
Mientras tanto, las transacciones en activos digitales ocurren de todas formas. Empresas costarricenses pagan a proveedores internacionales con stablecoins, extranjeros compran propiedades con bitcoin y hay una comunidad creciente de usuarios que opera en ese ecosistema sin ningún marco legal que los respalde ni los proteja. La ausencia de regulación no detiene la actividad; solo la deja en un limbo que beneficia a pocos y expone a muchos.
Costa Rica tiene las condiciones. Le falta la decisión.
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