Afirman que Bolivia es un mercado abierto a los activos digitales, pero la brecha técnica frena la adopción

Bolivia lleva poco más de un año operando en un entorno donde los activos digitales ya no son ilegales. El giro regulatorio de 2024 —cuando el gobierno boliviano levantó la prohibición que pesaba sobre bitcoin y otras criptomonedas como medida para paliar la escasez de divisas— abrió un capítulo nuevo para el sistema financiero del país. Pero abrir la puerta no es lo mismo que cruzarla.

Sebastián Vásquez Pereira, gerente comercial para Sudamérica de Ditobanx —empresa con sede en El Salvador y operaciones en varios países de la región—, observó ese proceso desde las conversaciones cotidianas con instituciones financieras y exportadoras bolivianas. Su lectura es que el cambio es real, pero todavía incompleto:

"Las palabras cripto y activo digital dejaron de ser tabúes y son utilizadas abiertamente entre instituciones financieras, reguladores y entidades de tecnología financiera. Pero la regulación enfrenta un reto significativo al tratar de mantener el ritmo con la innovación tecnológica".

De la prohibición al uso cotidiano

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia habilitó desde 2024 el registro de proveedores de servicios de activos virtuales, lo que dio un primer marco institucional a una actividad que hasta entonces operaba en la informalidad o directamente fuera de la ley. El resultado práctico más visible, según Vásquez, no ha sido la especulación con criptomonedas, sino un uso más funcional: fondear tarjetas prepagadas Visa o Mastercard con stablecoins para cubrir gastos en el exterior.

"Muchas empresas y personas han optado por tarjetas Visa prepagadas con stablecoins que pueden utilizarse en el exterior al momento de viajar, para comprar pasajes de avión, para hacer transacciones que las tarjetas tradicionales no permiten. Ese es un claro ejemplo de adopción más allá de lo especulativo", explicó.

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La explicación de fondo es estructural: Bolivia es un país importador neto que recibe menos divisas de las que demanda. Esa escasez de dólares ha funcionado como catalizador de la adopción, de manera similar a lo ocurrido en Argentina o Venezuela, donde la presión cambiaria empujó a usuarios y empresas a explorar alternativas fuera del sistema bancario convencional.

Lo institucional: pagos, exportaciones y tipo de cambio

En el segmento institucional, Ditobanx opera en Bolivia a través de alianzas estratégicas sin estar constituida localmente. Uno de sus casos más concretos en el país es su trabajo con el Banco FIE, entidad con más de 1,2 millones de cuentahabientes, a la que le proporciona infraestructura de liquidación y compensación de pagos internacionales mediante activos digitales.

El mecanismo funciona así: empresas bolivianas que exportan bienes o servicios dan órdenes de cobranza al banco, que a su vez canaliza esas operaciones a través de la plataforma de la firma. Los fondos se cobran en el exterior y se depositan al banco a un tipo de cambio favorable, diferente al oficial.

"En Bolivia existe el tipo de cambio oficial, el de referencia y el de la calle. El oficial puede ser entre un 30 y un 40% inferior al tipo de cambio preferencial, que es el que está más cerca del mercado. Muchas empresas de envíos intentan pagar al tipo de cambio oficial y el usuario final pierde", señaló Vásquez. 

Más allá del sector bancario, compañías exportadoras de sectores no relacionados con tecnología también han comenzado a utilizar plataformas de activos digitales para recibir pagos en el exterior. Vásquez confirmó que ya existían clientes bolivianos que recibían el producto de sus exportaciones en cuentas en dólares y euros a través de estas plataformas. La demanda, dijo, era concreta y creciente.

El límite: interoperabilidad y banca corresponsal

Pese al avance, Vásquez identificó dos fricciones estructurales que ralentizan el proceso. La primera es interna al propio ecosistema boliviano: muchas instituciones financieras ofrecen cuentas denominadas en USDT o USDC, pero sin la infraestructura técnica que permite transacciones on-chain en tiempo real ni la interoperabilidad con otras billeteras.

"Tienes una cuenta donde tienes USDT, pero no puedes hacer transacciones en tiempo real o fondearla desde otras billeteras. Están operando muy aisladamente", describió. El resultado es un producto cripto de nombre pero no de funcionalidad.

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La segunda fricción es externa y más difícil de resolver a nivel local: la banca corresponsal internacional. Varios bancos de países desarrollados han cerrado cuentas a instituciones financieras latinoamericanas cuando detectan que estas operan con activos digitales, lo que genera una presión silenciosa que desincentiva la adopción abierta.

"Muchos bancos latinoamericanos ofrecen productos cripto, pero no la interconectividad e interoperabilidad que viene con los activos digitales, precisamente porque su banco corresponsal puede cerrarles la cuenta", indicó Vásquez. Era un dilema, sostuvo, que no se resuelve solo con regulación local.

Tokenización: se puede, pero nadie quiere ser el primero

En materia de tokenización, el panorama boliviano es aún más incipiente. Vásquez fue directo: técnicamente es posible tokenizar activos en Bolivia bajo el marco regulatorio vigente, pero hasta ahora no ha habido ninguna emisión de tokens regulada en el país. Las instituciones hablan del tema, los bancos discuten la tokenización de carteras, pero ningún actor ha querido ser el primero en ejecutarlo.

"El mismo regulador todavía no tiene un caso concreto de referencia. Se puede, pero nadie quiere ser el primero", afirmó.

Perspectiva regional y el rol de la regulación global

Vásquez situó a Bolivia en un lugar que consideró más avanzado de lo que suele reconocerse: más abierto y progresista que varios de sus pares regionales, pero aún lejos de la madurez operativa de mercados como El Salvador, con su regulación de activos digitales, o de los marcos europeo (MiCA) y estadounidense (Genius Act).

Su argumento central fue que el siguiente salto no depende únicamente de lo que haga Bolivia: 

"¿De qué sirve que Bolivia tenga una adopción acelerada si organismos como GAFILAT te ponen restricciones o sanciones? La regulación necesita marcar el ritmo a la innovación tecnológica, y esa brecha es lo que está impidiendo un desarrollo más acelerado”.

El camino que propuso fue pragmático: no reinventar la pólvora, sino estudiar los marcos ya existentes —El Salvador, MiCA, Genius Act— y adaptar los elementos que correspondan a la realidad boliviana. A medida que la infraestructura digital se consolide, sostuvo, la distancia entre regulación y mercado se iría reduciendo sola.

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La conclusión que emerge de la conversación es que Bolivia ha dado un primer paso significativo, pero que la adopción real de activos digitales en el país depende menos de voluntad política y más de tres factores concretos: educación técnica, infraestructura con interoperabilidad real, y un entorno regulatorio global que no penalice a quienes se adelantan.

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