El Salvador fue pionero. No sólo en adoptar bitcoin como moneda de curso legal, sino en crear un regulador específico para los activos digitales: la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD). Mientras el mundo debatía cómo encajar las criptomonedas dentro de los marcos legales existentes, el país centroamericano construyó uno nuevo desde cero. Hoy, ese modelo inspira conversaciones en capitales de todo el mundo. Pero, ¿es realmente necesario replicarlo?
Las conversaciones que he tenido con dos reguladores latinoamericanos revelan que la respuesta no es simple.
Dos países, dos filosofías
Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, lo dijo sin rodeos: "No tenemos una ley de activos virtuales. Regulamos a los sujetos, no al objeto". En la práctica, esto significa que Argentina ha optado por integrar la supervisión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) dentro de su estructura regulatoria existente, sin crear una entidad independiente ni una legislación específica para el sector.
El contexto importa. Argentina llega a esta regulación impulsada por una adopción masiva de criptomonedas, alimentada en parte por la inflación crónica y los controles cambiarios. El desafío no era atraer una industria nueva, sino ordenar una que ya existía y había crecido sin supervisión formal.
En Uruguay, el punto de partida es diferente. Patricia Tudisco, intendente de Supervisión Financiera del Banco Central del Uruguay, describió un mercado local todavía incipiente, pero una decisión institucional deliberada: regular antes de que el problema sea grande. "Hoy por hoy el mercado no es un mercado relevante, pero entendemos igual que es un mercado en el cual teníamos que entrar", explicó. También allí, la conclusión fue mantener la regulación dentro del banco central, bajo la lógica de que los activos digitales impactan directamente el sistema financiero y los sistemas de pago.
El modelo salvadoreño como espejo
Ambos reguladores coincidieron en reconocer el liderazgo de El Salvador, aunque con matices. Silva lo calificó de "extraordinario" y destaca el papel de Juan Carlos Reyes al frente de la CNAD. Tudisco, por su parte, lo describió como "visionario" por lograr combinar supervisión clara, atracción de inversión y pionerismo normativo en un mismo marco.
Sin embargo, también queda implícita una distinción importante: el modelo salvadoreño responde a una estrategia ofensiva, orientada a posicionar al país como un hub internacional de activos digitales. Los modelos de Argentina y Uruguay son, por naturaleza, más defensivos: buscan ordenar, proteger y acompañar, no necesariamente liderar la carrera global.
La pregunta que nadie puede responder todavía
¿Será necesario un regulador específico en cada país? Lo más honesto es reconocer que depende de la ambición. Si el objetivo es competir por inversión internacional, atraer empresas del ecosistema cripto global y construir una identidad de hub regional, un ente especializado tiene sentido estratégico. Si el objetivo es proteger al inversor local y supervisar un mercado que ya existe, integrarlo a la arquitectura regulatoria vigente puede ser suficiente, al menos por ahora.
Lo que sí parece inevitable es que la pregunta se vuelva más urgente con el tiempo. A medida que los activos digitales ganen peso en el sistema financiero, la tokenización avance y los usuarios minoristas aumenten, los reguladores generalistas enfrentarán límites reales de capacidad y especialización.
El Salvador ya tomó su decisión. Argentina y Uruguay están construyendo sus propios caminos. El resto de la región observa. Y la experiencia de estos tres países sugiere que no hay un modelo único correcto, pero sí hay una certeza: no regular ya no es una opción.
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