El debate sobre las stablecoins en Estados Unidos ha tomado un giro regulatorio claro: limitar su capacidad de ofrecer rendimiento a los usuarios. Bajo el GENIUS Act, aprobado en 2025, los emisores tienen prohibido pagar intereses directos a los tenedores de estos activos, en un intento por evitar que compitan con los depósitos bancarios tradicionales. Sin embargo, un reciente informe del Consejo de Asesores Económicos (CEA, por sus siglas en inglés) pone en duda la efectividad de esta medida.
Según el análisis, incluso en escenarios donde las stablecoins ofrecen rendimientos competitivos, su impacto en el crédito bancario sería marginal. En su calibración base, eliminar el yield generaría apenas un incremento de USD 2.100 millones en préstamos, equivalente a solo 0,02% del total del sistema. A la vez, implicaría una pérdida de bienestar de USD 800 millones para los usuarios, lo que sugiere que el costo supera el beneficio.
Este hallazgo desmonta uno de los principales argumentos regulatorios en Estados Unidos: que las stablecoins podrían drenar depósitos del sistema bancario y restringir la capacidad de otorgar crédito. En la práctica, el informe muestra que el dinero no desaparece, sino que se redistribuye dentro del sistema financiero. Además, solo una pequeña fracción de las reservas —alrededor del 12%— queda fuera del circuito de intermediación crediticia.
Pero el punto más relevante para América Latina está fuera del foco principal del informe. Más del 80% del uso de stablecoins ocurre fuera de Estados Unidos, lo que evidencia que su adopción responde a dinámicas distintas a las del mercado estadounidense. En economías emergentes, estos activos no compiten principalmente con cuentas de ahorro, sino que funcionan como sustitutos del dinero local.
En países con alta inflación, volatilidad cambiaria o baja bancarización, las stablecoins representan acceso directo al dólar digital. También facilitan pagos internacionales, remesas y operaciones para freelancers o empresas que trabajan con clientes globales. En este contexto, el rendimiento es un incentivo adicional, pero no el motor principal de adopción.
Por eso, la decisión de Estados Unidos de enfocarse en el yield podría no trasladarse de forma automática a otras regiones. De hecho, plantea una interrogante clave: ¿cómo responderán los gobiernos latinoamericanos a este enfoque?
Algunos países podrían replicar parcialmente la lógica estadounidense, priorizando la estabilidad del sistema financiero y la protección del sector bancario. Otros, sin embargo, podrían optar por marcos regulatorios más flexibles que reconozcan el papel de las stablecoins como herramienta de inclusión financiera y acceso a divisas fuertes.
El caso de El Salvador, con su Ley de Emisión de Activos Digitales, ya muestra un enfoque distinto, donde estos instrumentos se integran dentro de un marco regulado sin necesariamente limitar sus incentivos económicos. En contraste, economías más grandes de la región podrían enfrentar tensiones entre control monetario y adopción tecnológica.
El informe del CEA deja una lección clara: el impacto de las stablecoins sobre la banca tradicional es mucho menor de lo que se pensaba. Sin embargo, también evidencia que la discusión no puede centrarse únicamente en el rendimiento. En mercados emergentes, el verdadero valor de estos activos está en su funcionalidad.
En ese sentido, América Latina tiene la oportunidad de definir su propio camino regulatorio. Más que replicar modelos externos, el desafío será entender por qué las stablecoins están siendo adoptadas y cómo integrarlas de manera que potencien el desarrollo financiero sin generar riesgos sistémicos.
La pregunta ya no es si las stablecoins deben regularse, sino bajo qué lógica. Y en esa respuesta, el yield podría ser solo una parte —y no la más importante— de la ecuación.
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