
Hong Kong impulsa someter a los custodios y asesores de criptomonedas a normas de licenciamiento
El regulador de valores de Hong Kong afirma que la propuesta reforzaría la protección de los inversores; el proyecto está previsto para su primera lectura en el Consejo Legislativo el 2 de diciembre.

Hong Kong ha publicado un proyecto de ley que sometería a los custodios, asesores y otros proveedores de servicios de activos virtuales a licencias o registros obligatorios, ampliando la supervisión más allá de las plataformas de negociación.
El viernes, el gobierno publicó oficialmente su proyecto de Ley de Servicios de Activos Virtuales (Enmienda) de 2026, que propone regular cuatro actividades, incluida la negociación, el asesoramiento, la gestión y la custodia de activos virtuales. Las empresas que realicen esas actividades tendrían que obtener una licencia de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) o registrarse ante ella.
Las enmiendas propuestas a la Ordenanza contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo someterían a los proveedores a evaluaciones de idoneidad y otros requisitos regulatorios. Los bancos y los titulares de licencias de instalaciones de valor almacenado supervisados por la Autoridad Monetaria de Hong Kong también tendrían que registrarse ante la SFC para ofrecer servicios de activos virtuales.
La directora ejecutiva de la SFC, Julia Leung, afirmó que la propuesta reforzaría la protección de los inversores y ofrecería vías más claras para una innovación responsable. Está previsto que el proyecto tenga su primera lectura en el Consejo Legislativo el 2 de diciembre.
En octubre, Hong Kong afirmó que introduciría legislación que abarcaría esas cuatro actividades antes de finales de 2026, tras las consultas sobre el marco propuesto.
El régimen ampliado ha suscitado preocupaciones sobre su implementación. En enero, la Asociación de Profesionales de Valores y Futuros de Hong Kong advirtió de que introducir licencias sin disposiciones transitorias podría obligar a las empresas existentes a suspender sus operaciones mientras se revisan sus solicitudes. La asociación pidió un período de gracia de seis a 12 meses.
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