La conversación sobre activos digitales en América Latina ha estado dominada por temas como la tokenización de activos financieros, las stablecoins y la inclusión financiera. Sin embargo, un ángulo aún incipiente —pero con alto potencial— es el financiamiento verde, un segmento que ya ha demostrado tracción en los mercados tradicionales.
Desde la emisión del primer bono verde en la región en 2014, América Latina y el Caribe han recaudado más de USD 164.000 millones a través de instrumentos sostenibles, destinados a proyectos como energías renovables, agricultura sostenible y gestión ambiental, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este crecimiento evidencia que existe demanda tanto de inversionistas como de emisores por instrumentos que combinen rentabilidad con impacto.
Ejemplos concretos han surgido en distintos países. En Perú, empresas del sector energético, como Energía Eólica, participaron en las primeras emisiones corporativas de bonos verdes en la región, según la Corporación Financiera Internacional (IFC). En Colombia, entidades como Bancóldex han impulsado emisiones sostenibles desde la banca de desarrollo para financiar proyectos con impacto ambiental, de acuerdo con reportes de la Fundación EU-LAC. Más recientemente, en México, Scotiabank emitió un bono verde por alrededor de USD 219 millones para financiar proyectos sostenibles.
A nivel regional, también han surgido estructuras más sofisticadas. El fondo LAGreen, respaldado por capital europeo, se posicionó como el primer fondo dedicado exclusivamente a bonos verdes en América Latina, con el objetivo de movilizar inversión privada hacia proyectos climáticos, según la Latin America Investment Facility (LAIF). Paralelamente, organismos multilaterales como CAF han elevado la apuesta, quien anunció inversiones por USD 40.000 millones en cinco años para impulsar la transición verde en la región.
Este ecosistema muestra que el financiamiento verde ya no es una promesa, sino una realidad en expansión. Sin embargo, su integración con el mundo de los activos digitales sigue siendo limitada.
Aquí es donde la tokenización podría jugar un rol clave. En esencia, los bonos verdes son instrumentos de deuda con flujos predecibles, características que los hacen particularmente compatibles con estructuras tokenizadas. La digitalización de estos activos podría reducir costos de emisión, ampliar el acceso a inversionistas minoristas y mejorar la trazabilidad del uso de los fondos, uno de los principales retos del financiamiento sostenible.
En América Latina, donde los mercados financieros siguen siendo relativamente poco profundos, esta combinación podría ser especialmente relevante. Las finanzas verdes ya han demostrado que pueden canalizar capital hacia sectores estratégicos; los activos digitales, por su parte, han mostrado capacidad para democratizar el acceso a la inversión. La convergencia entre ambos podría desbloquear nuevas fuentes de liquidez.
No obstante, el desafío no es menor. El financiamiento verde requiere estándares claros sobre el uso de los fondos y mecanismos de verificación. En el mundo digital, esto implicaría integrar certificaciones, auditorías y estructuras legales robustas dentro de los tokens. Sin este componente, el riesgo de “lavado de imagen verde” podría trasladarse también al ecosistema cripto.
En un contexto donde América Latina busca financiamiento para enfrentar el cambio climático y, al mismo tiempo, modernizar sus mercados de capital, la intersección entre finanzas verdes y activos digitales podría convertirse en una de las narrativas más relevantes de los próximos años.
La oportunidad está sobre la mesa. Falta ver quién la ejecuta primero.
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