En Vizcaya, España, surge nueva normativa vinculada a criptoactivos

En el Boletín Oficial de Vizcaya, en el País Vasco, España, se publicó el pasado 3 de julio un decreto con el que se traspone al ordenamiento jurídico del territorio histórico la Directiva (UE) 2023/2226 del Consejo, conocida como DAC8. La norma modifica la directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, ahora con el objetivo de cubrir el intercambio de información sobre criptoactivos, dinero electrónico y monedas digitales de bancos centrales.

El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, aunque sus efectos se aplicarían retroactivamente desde el 1 de enero de 2026.

La norma introduce una nueva disposición adicional que regula las obligaciones de los "proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información". Estas entidades deberán aplicar normas de diligencia debida y cumplir con requisitos de suministro de información y, en su caso, de registro, en línea con el Marco de Intercambio de Información sobre Criptoactivos (CARF) de la OCDE, que la DAC8 incorpora al ámbito de la Unión Europea.

Entre las nuevas disposiciones, el decreto establece un régimen sancionador específico. El incumplimiento de las obligaciones de identificación de cuentas financieras de personas físicas o entidades se sancionará con una multa fija de 200 euros por cada persona afectada. Comunicar datos falsos, incompletos o inexactos a las instituciones financieras o a los proveedores de servicios de criptoactivos conllevará una multa de 300 euros.

La norma también contempla medidas operativas: si un usuario de criptoactivos no facilita la información exigida tras dos recordatorios y transcurridos 60 días naturales desde la solicitud inicial, el proveedor deberá impedirle realizar operaciones sujetas a comunicación de información.

Los interesados en ver el decreto completo, pueden ingresar aquí.

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