Uno de los argumentos más repetidos a favor de la tokenización es su potencial democratizador: cualquier empresa, sin importar su tamaño, podría acceder a mercados de capital antes reservados para grandes corporaciones o emisores con los recursos para navegar el sistema financiero tradicional. La promesa es atractiva. La realidad, sin embargo, es más matizada, y el marco regulatorio de El Salvador es un buen espejo para verla con claridad.
Desde enero de 2023, la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD) estableció en El Salvador el marco legal para tokenizar activos del mundo real, desde commodities agrícolas hasta instrumentos de deuda.
La entidad responsable de supervisar todo este ecosistema es la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), cuyas funciones incluyen resolver sobre la habilitación de ofertas públicas, administrar registros de emisores y proveedores, y autorizar, suspender o cancelar registros y operaciones.
Lo que muchos no dimensionan al hablar de tokenización es que ese proceso regulatorio no es trivial. Para obtener autorización, los emisores deben presentar un whitepaper técnico y legal, cumplir con estándares de gobernanza, transparencia, divulgación de riesgos y ciberseguridad, además de implementar políticas de ciberseguridad, reportes periódicos y sistemas de monitoreo antifraude.
En otras palabras, la CNAD no solo revisa si el activo a tokenizar es legítimo: examina al emisor en sí mismo, su solidez financiera, la consistencia de sus estados financieros y si su modelo de negocio respalda razonablemente la capacidad de honrar compromisos con inversionistas.
Esa revisión no es un trámite menor. Para una pequeña o mediana empresa, preparar la documentación requerida, contratar los asesores legales y técnicos necesarios, y absorber los costos del proceso puede representar una barrera de entrada significativa. Si bien las tasas asociadas a una emisión son notablemente inferiores a las de mercados de valores tradicionales, los costos indirectos —asesoría especializada, auditorías, cumplimiento continuo— no desaparecen por decreto. Una empresa sin flujo de caja robusto simplemente no puede asumir ese peso.
Aquí reside la paradoja: la tokenización nació como una alternativa más eficiente y accesible a los mercados de capitales tradicionales. Y en cierta medida lo es. Pero “más accesible” no significa “accesible para todos”. La ley ha puesto énfasis en desarrollar un marco que proteja a los inversores, y esa protección tiene un costo que recae, inevitablemente, sobre el emisor.
Esto no es una crítica al diseño regulatorio salvadoreño, al contrario, es un enfoque responsable. Es una advertencia sobre los relatos demasiado entusiastas que pintan la tokenización como una puerta abierta para las mipymes. Por ahora, esa puerta existe, pero tiene una llave que no todos pueden costear. Se habla en distintos círculos del ecosistema de modelos alternativos orientados a pequeñas empresas, pero hasta hoy no hay nada concreto sobre la mesa.
Mientras eso no ocurra, la tokenización seguirá siendo, en términos prácticos, un instrumento para emisores con cierta escala. El tamaño importa. Y reconocerlo no es pesimismo: es el primer paso para construir soluciones reales de inclusión financiera digital.
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