El Comité de Legislación Económica del Senado de Australia respaldó un proyecto de ley que exigiría a los exchanges de criptomonedas y las plataformas de tokenización cumplir con el régimen de servicios financieros existente en el país, recomendando que se apruebe el Proyecto de Ley de Enmienda de Sociedades (Marco de Activos Digitales) de 2025.
Esta medida, del 16 de marzo, acerca a Australia un paso más a un marco de licencias a medida para las “plataformas de activos digitales” (DAP) y las “plataformas de custodia tokenizada” (TCP), con el objetivo de cerrar las brechas en la supervisión de las plataformas que custodian activos de clientes tras las quiebras de negocios de activos digitales de alto perfil, como FTX.
El proyecto de ley, presentado por primera vez por el Tesorero Auxiliar y Ministro de Servicios Financieros, Daniel Mulino, en noviembre de 2025, trataría a las DAP y TCP como productos financieros en virtud de la Ley de Sociedades y la Ley de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), impulsando a la mayoría de los exchanges centralizados y negocios de custodia tokenizada que poseen activos de clientes al régimen de Licencias de Servicios Financieros australianas.
Las plataformas con licencia deben cumplir con los estándares de custodia y liquidación establecidos por la ASIC, acatar las normas de divulgación adaptadas para clientes minoristas y operar bajo requisitos de conducta y gobernanza específicos de la plataforma.
Los proveedores más pequeños con volúmenes de transacciones anuales inferiores a 10 millones de dólares australianos (7 millones de dólares), junto con algunos proveedores de infraestructura de blockchain pública, estarían exentos.
Grupos de la industria alertan sobre la terminología
Grupos de la industria citados en el informe, como el bufete de abogados Piper Alderman, advirtieron que las amplias pruebas de “token digital” y “control fáctico” podrían incluir inadvertidamente a los proveedores de software de monederos y de infraestructura en configuraciones de control no unilateral, incluidas las configuraciones comunes de computación multipartita (MPC).
La empresa estadounidense de la blockchain Ripple Labs respaldó el “control” como el “nexo apropiado” para el perímetro regulatorio, pero argumentó que el proyecto de ley necesitaba acomodar mejor las arquitecturas de seguridad modernas, como las billeteras basadas en MPC.
Advirtió que, según una lectura estricta de la prueba de “control fáctico”, los proveedores exclusivamente tecnológicos que posean una única parte de clave podrían ser clasificados erróneamente como custodios regulados, e instó a los legisladores a aclarar que una entidad no ejerce control fáctico a menos que pueda transferir unilateralmente un activo sin la cooperación del cliente.
El comité reconoció estas preocupaciones, pero se puso del lado del plan del Tesoro de refinar el perímetro a través de futuras regulaciones en lugar de reescribir las definiciones centrales.
Coinbase celebra el progreso pero advierte del riesgo de exclusión bancaria
En un comunicado enviado por correo electrónico a Cointelegraph, el director de Coinbase Australia y director general para APAC, John O’Loghlen, celebró la recomendación como “un paso importante para la posición de Australia en la economía digital global”. Argumentó que el país tiene el capital y el talento para liderar en el mercado de los activos digitales, pero aún necesita reglas claras para alcanzar dicho potencial.
O’Loghlen también advirtió que “la práctica anticompetitiva de la exclusión bancaria es rampante a pesar de que el gobierno respaldó medidas para abordarla en 2022”, e instó a Canberra a priorizar la implementación de las recomendaciones del Consejo de Reguladores Financieros.
Con el respaldo del comité, el proyecto de ley pasa ahora al Senado para su debate y una votación final en una fecha posterior.
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